La falsificación de moneda constituye un delito. Los billetes falsos no tienen ningún valor.
Aunque las pérdidas económicas derivadas de la falsificación de moneda son generalmente limitadas para la sociedad, los principales perjudicados son los particulares y las empresas, ya que el importe de los billetes falsos no se reembolsa. La falsificación de moneda puede además socavar la confianza en el sistema de pagos, creando incertidumbre en el público cuando realiza transacciones en efectivo.
Los bancos centrales impiden la falsificación diseñando y emitiendo billetes con una protección adecuada, así como educando al público a este respecto, con el fin de limitar las pérdidas en que hayan podido incurrir los particulares y las empresas al aceptar falsificaciones.